El Banco Mundial (BM) financió con 30 millones de dólares en noviembre de 2009 a la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente hondureño Miguel Facussé, acusado del asesinato de numerosos campesinos de la región de El Aguán.
La organización internacional Right Action (RA) envió una carta al titular de la entidad financiera internacional, Robert Zoellick, en la que acusa por ese motivo al ente de corresponsabilidad en las masacres de trabajadores hondureños, reseñó la agencia Prensa Latina.
Según RA, Dinant recibió de la Corporación Financiera Internacional (CFI), sección del BM que se ocupa del sector privado, el préstamo registrado con el número 27.250 del 5 de noviembre de 2009, específicamente por 30 millones de dólares.
En la carta a Zoellick se afirma que liberar fondos para esta corporación es una negligencia grave del Banco Mundial con respecto a las obligaciones relacionadas con los derechos humanos y su responsabilidad.
Right Action señaló en la misiva que con el préstamo al terrateniente Facussé se dio un mensaje muy claro a la compañía y a su dueño de que pueden gozar de impunidad absoluta por sus actos de violencia, apropiación ilegal de tierras y participación en golpes militares, como el ocurrido en junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.
En el documento esta organización argumentó que fuerzas de seguridad de Dinant masacraron el 15 de este mes a seis productores del Movimiento Campesino de El Aguán (MCA), con el objetivo de desalojarlos de sus tierras.
El MCA denunció que con esos seis asesinatos suman ya 19 los campesinos que las fuerzas paramilitares organizadas por Facussé han matado en la zona de Coló en el 2010.
En estos momentos el valle de El Aguán está militarizado por el régimen de Porfirio Lobo, bajo el argumento no demostrado de que los campesinos están armados.
En tanto, el Instituto Nacional Agrario (INA) de Sinaloa, en la región de Colón, continúa tomado por uniformados, aunque en las instalaciones no se encontró armamento.
Los trabajadores de la entidad denunciaron que los militares retiraron la documentación archivada en los expedientes, relacionada con 5.725 hectáreas de tierra fiscal de lo que fue el Centro Regional de Entrenamiento Militar.
Por su parte, tanto el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (Rel-UITA) denunciaron la masacre de campesinos en Honduras.
Con una carta enviada a Lobo las organizaciones alertaron que Facussé fue el responsable de la muerte de los trabajadores agrarios y reclamaron al Ejecutivo investigar a fondo esos crímenes.
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